Condena contra Cristina Fernández: expulsarla de la política

Cristina Fernández de Kirchner (CFK), dos veces Presidenta y una vez Vicepresidenta de la Argentina, fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esto es el resultado de más de 20 años de acoso judicial y mediático, materializado en más de 600 denuncias contra su persona y más de 12 causas judiciales. En todos estos años no se pudieron probar los diferentes delitos por los cuales fue sentenciada como culpable en la prensa y redes sociales.

El fallo en la Causa Vialidad por la cual es condenada, es una síntesis de la debilidad de los argumentos y la falta de pruebas que demuestren los supuestos actos de corrupción. A lo largo del juicio, CFK no fue mencionada; las obras de infraestructura por las que se la acusa de corrupción se hicieron con fondos del Presupuesto Nacional, votados por el Congreso y una auditoría demostró que estaban bien hechas y que no se había pagado nada que no se hubiera construido. Al igual que en otras causas en su contra, no se aplicó el principio de inocencia, en varias ocasiones le negaron la posibilidad de declarar a su favor y los jueces involucrados conformaban un grupo de amigos que jugaban al fútbol con el entonces Presidente Mauricio Macri (2016-2020) (contexto en el que se abrieron la mayoría de las causas).

Pero el argumento jurídico no es relevante, porque el objetivo es quitarla de la política. Por eso ha sido clave el rol de medios de comunicación y redes sociales para espectacularizar los casos: en base a rumores y relatos en programas de TV o radio, se la declaraba como culpable, mucho antes de la sentencia judicial. Cada programa de radio, cada meme y mensaje de haters en redes sociales, descalificaba no solo a CFK, sino a las obras realizadas desde el Estado para mejorar en alguna medida años de retraso y de abandono del sector público. Así se reforzó la noción de “Estado ineficiente” vs sector privado aparentemente, “eficiente y transparente”. Las noticias falsas le dieron argumentos a los que la odian y ven al Estado como una institución innecesaria y corrupta. La criminalización del progresismo allanó el terreno para la llegada de una ultraderecha dispuesta a destrozar el Estado desde adentro: redujo al mínimo su responsabilidad socio-económica y aumentó su capacidad represiva.

La mujer progresista, esa intrusa en la política

Tal como aclarábamos en el caso de Mónica Oltra, cuando se trata de eliminar a la “otra política”, esta expulsión es más violenta y explícita, porque desde el sentido común, las mujeres en política suelen ser consideradas como “intrusas” o “usurpadoras” de un espacio que “no les pertenece”. En el caso de CFK, se reúnen varias características de acoso y violencia política de género: sufrió un intento de asesinato, es decir, de femi-magnicidio que no fue investigado con seriedad; es la mandataria con mayor cantidad de denuncias en comparación con otros mandatarios víctimas de lawfare, como Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador; acoso mediático sistemático por décadas, con clara tendencia sexista.

No se investigó seriamente el intento de asesinato, en sintonía con medios de comunicación que insinuaron desde el minuto uno, que había sido provocado por ella misma, para victimizarse: “Un ex agente de la CIA dijo que el ataque a Cristina Kirchner ‘fue un montaje’”. “La culpable del atentado contra Cristina es Cristina”, decía un periodista en horario de máxima audiencia.

El acoso jurídico y mediático formó parte de su día a día a lo largo de sus años en la función pública. Entre 2004 y 2022, CFK fue denunciada-imputada 654 veces. Hay al menos 6 hombres que la han denunciado de modo sistemático, entre 20 y 74 veces, se trata de denunciantes seriales, que han llegado al grado de acoso de la ex mandataria.

Acompañaron esta persecución judicial numerosas portadas de diario, cientos de horas de radio y TV. Uno de los apodos más comunes para referirse a la Presidente CFK era “la yegua”. Las portadas más violentas y sexistas, hacen referencia a lugares comunes utilizados para denigrar a otras mandatarias, como fue el caso de Dilma Rousseff (Brasil) durante sus gobiernos, y en particular durante el Impeachment. Los temas preferidos son el estado psicológico y a la supuesta “adicción al poder”, que no puede controlar; también su forma de vestirse y los gastos en objetos de lujo, cuestiones que no suelen trascender en caso de que el mandatario sea un hombre. La Revista Noticias titulaba: “El goce de Cristina: Se muestra cada día más desenfadada, sensual y hasta procaz. La sumisión del otro ya es un requisito indiscutible de su liderazgo”; “Cristina compró hasta 1 millón de dólares en joyas, por año”; “Síndrome Cristina: estrés y trastornos anímicos del poder”; “Hormonas, luto, planes y estrés. Los 60 de Cristina”. Esto forma parte de un relato que concibe a las mujeres como incapaces de tomar decisiones con seriedad y desapasionadas (marcando una supuesta diferencia implícita con respecto a la toma de decisión masculina), además de cuestionar el vínculo con el poder: genera absoluto rechazo que una mujer con fuerte personalidad, liderazgo y capacidad, asuma el poder y sea consciente de ello. Al ser concebidas las mujeres como intrusas en la política, el uso del poder es un pecado que debe ser castigado.

El objetivo del lawfare contra CFK es expulsarla de la política, polarizar la sociedad, disciplinar a la militancia (en particular a las mujeres) y anular el proyecto de Estado con justicia social como posibilidad real, frente al avance de la ultraderecha neoliberal. Pero la política no cabe en una condena judicial: Cristina sigue siendo una gran líder y la gente ha salido a las calles en repudio.

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Silvina Romano es investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA)