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Acción Contra el Odio (ACO) ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo a Santiago Abascal por un delito de incitación al odio por vincular inmigración y delincuencia con el objetivo de promover la deportación masiva de la población migrante residente en nuestro país. La asociación ha expuesto ante la Sección Penal de dicho órgano el carácter recurrente de los mensajes de odio a través de redes sociales y medios de comunicación en los que el líder de Vox asocia al colectivo de personas migrantes con la peligrosidad social y la criminalidad, en lo que el equipo legal de ACO denuncia como una estrategia de Abascal y su partido para atizar la hostilidad contra el colectivo de personas migrantes.
Entre los hechos recogidos en el escrito presentado por la asociación se encuentran las declaraciones realizadas ante la prensa el pasado domingo 6 de julio por el líder de ultraderecha. Abascal afirmó que la inmigración masiva “destruye nuestra sociedad y nuestra economía” y “hace que los trabajadores españoles tengan que mantener con sus impuestos a los violadores de sus hijas y los políticos que les traen”. Un discurso abiertamente racista y xenófobo orientado a generar entre la población un sentimiento de inseguridad, vinculando a los migrantes con la delincuencia y alimentando el miedo contra este colectivo.
En el escrito, presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo dado el carácter de aforado del diputado de Vox por Madrid en el Congreso, se aporta documentación de distintos episodios que demuestran que las declaraciones del líder ultra no responden a un hecho aislado o puntual, sino a una estrategia de discurso de odio con el objetivo de “estigmatizar y generar un ambiente hostil” en contra de un colectivo vulnerable como el de las personas migrantes. Un modus operandi que, según apunta el equipo jurídico de la asociación, “aprovecha los prejuicios históricos contra la población musulmana y africana en nuestro país para alimentar la hostilidad aprovechando las circunstancias actuales de inmigración desde el norte de África”, en una deshumanización que “degrada gravemente” a este colectivo e “incita a su expulsión”.
Algunas de las acciones denunciadas por ACO como parte de esta estrategia son la difusión de mensajes racistas por parte de portavoces del partido de Abascal como la diputada Rocío de Meer, quien ha defendido públicamente “un proceso extraordinariamente complejo de reemigración”, que implicaría deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos. “Tenemos derecho a sobrevivir como pueblo”, alegó la portavoz del partido ultra. Además, la asociación aporta documentación de propuestas como la que Vox presentó en su programa económico el pasado 25 de junio, la cual incluía “revertir todas las regularizaciones de inmigrantes ilegales llevadas a cabo por el bipartidismo”, lo que supondría devolver a la ilegalidad a más de un millón de personas que residen y, en gran medida, trabajan en España y realizar “deportaciones masivas”.
Acción Contra el Odio considera en la denuncia presentada que mensajes como el de Abascal no encuentran en ningún caso protección constitucional, ya que no constituyen un ejercicio protegido de la libertad de expresión. En este sentido, se argumenta que estos discursos no tratan de “aportar ideas o creencias al debate social”, sino que “alientan la discriminación contra un colectivo vulnerable” y generan un “clima de hostilidad que carece de amparo constitucional”. Unos hechos que, según el equipo jurídico de ACO, concurren en un delito recogido en el artículo 510 del Código Penal, en particular del tipo agravado 510.3, que establece que “las penas previstas se impondrán en su mitad superior” cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio “accesible a un elevado número de personas”.
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