ACO denuncia a Vox por delito de odio al vincular la migración y la violencia sexual

Acción Contra el Odio (ACO) ha denunciado a Vox ante la Fiscalía por un posible delito de odio por la instalación en la vía pública de carteles que vinculan migración y violencia sexual. La asociación ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía especializada de delitos de odio y discriminación de Madrid y ha aportado documentación relativa a la difusión, en el marco de la actual campaña electoral en Andalucía, de mensajes con contenido potencialmente delictivo penado en el art. 510.1 del código penal.

Los carteles denunciados por ACO fueron instalado, al menos, en calles  de las provincias de Granada, Jaén y Almería con el siguiente texto:

 ¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias. Todos los partidos menos Vox quieren traer a miles de inmigrantes. Solo tú pagas las consecuencias. Vota Vox.

Un mensaje construido a partir de consignas propias del movimiento feminista, como “sola y sin miedos quiero volver a casa”, que la campaña promovida por el partido ultra tergiversa y manipula con el fin de señalar a la población migrante como responsable del acoso y la violencia sexual que sufren las mujeres en las calles. De esta manera, Vox trata de vincular migración y violencia machista en un discurso abiertamente xenófobo y discriminatorio hacia el colectivo de personas migrantes en nuestro país.

En su escrito ante la Fiscalía, el equipo jurídico de ACO argumenta que este discurso “excede claramente el ámbito del debate político legítimo” y, por tanto, “no puede estar amparado por el derecho a la libertad de expresión”, dado su carácter “estigmatizador, racista y potencialmente discriminatorio”. Unos hechos que, según justifica la asociación, pueden constituir un delito de discurso de odio previsto y penado en el art. 510.1 a) del Código Penal.

Este artículo contempla la posible constitución de un delito al “fomentar, promover o incitar” de manera directo o indirecta a la “hostilidad, la discriminación o la violencia” contra un colectivo o grupo de población por motivos referentes a su etnia, nación u origen nacional. Una casuística que el equipo jurídico de ACO considera que se da de manera evidente en el caso de la campaña racista de Vox denunciada por la asociación.

Por ello, el escrito de ACO solicita que se admita a trámite la denuncia, se inicie una investigación de los hechos denunciados, se emita por parte de la policía judicial un atestado que analice las consecuencias del caso denunciado y se retiren de manera cautelar estos carteles del espacio público.

Una incitación al odio no amparada en la libertad de expresión

El texto aportado a la Fiscalía incorpora abundante jurisprudencia que argumenta la posible constitución del delito de odio al que se apela, incluso en un contexto de especial protección de la libertad de expresión como el que se presupone en una campaña electoral.

Entre la misma, se documenta la llamada sentencia Handyside contra Reino Unido de diciembre de 1976. Una sentencia en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que “la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al discurso de odio”, ni siquiera en contextos de especial protección relacionados con la “expresión política o debate público” como el que se da en el marco de una campaña electoral como la que se desarrolla en Andalucía.

Esta sentencia ha sido empleada con éxito en diversas ocasiones remitidas en el escrito de denuncia de Acción Contra el Odio. Un ejemplo de ello se dio el año 2004, también en Reino Unido, donde las autoridades nacionales condenaron al Partido Nacional Británico por discurso de incitación al odio por colgar una pancarta con una foto del atentado del 11S junto a la consigna “¡Fuera el Islam! Protejamos al pueblo británico”.

Además, la denuncia argumenta jurídicamente la ausencia de protección constitucional de la libre expresión política en el contexto de una campaña electoral como en la que se encuentran los territorios en los que han aparecido estos carteles. En este sentido, se aporta el caso Féret vs Bélgica del año 2009, en el que el TEDH ya declaró que en estos contextos electorales los mensajes de odio pueden tener incluso una mayor “gravedad e impacto” que incremente las consecuencias de la incitación al odio racista.

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