Exigimos al Gobierno que abandone oficialmente la definición de la IHRA que confunde antisionismo y antisemitismo

La asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha impulsado una petición pública al Gobierno de España para que abandone la definición de antisemitismo impuesta por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), que permite señalar y censurar cualquier crítica legítima al movimiento sionista y la acción criminal del Estado de Israel.

El germen de esta confusión interesada entre antisionismo y antisemitismo tiene origen en mayo de 2016, cuando los 31 países miembros de la IHRA adoptaron esta definición práctica a modo de herramienta orientativa para identificar posibles prácticas antisemitas. Una definición operativa tergiversada y al servicio de los intereses del lobby sionista que en 2020 el Gobierno de España, representado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, decidió refrendar en una reunión con la Federación de Comunidades Judías en España (FCJE).

Desde entonces, a pesar de no ser una definición vinculante a nivel jurídico, la postura adoptada por el Gobierno al alinearse con la IHRA ha abierto una vía de potencial criminalización de toda crítica a las políticas del Estado de Israel y sus crímenes de guerra en Palestina y Líbano en espacios académicos, políticos y culturales. Esta posición de connivencia con el lobby sionista, particularmente sangrante desde el inicio del genocidio en Gaza, ha sido clave a la hora de apuntalar la principal estrategia de blanqueamiento de la acción criminal del Estado sionista: la confusión entre el discurso antisemita y la crítica legítima a la ocupación ilegal de los territorios palestinos y el exterminio sistemático de la población en Gaza.

Cabe recordar que las acusaciones en base a esta definición y su uso torticero al servicio del negacionismo del genocidio en Gaza han afectado a lo largo de los últimos años a estudiantes, profesores universitarios, organizaciones de derechos humanos, periodistas o representantes del mundo al arte y la cultura, entre otros. A nivel internacional, esta guía ha sido utilizada para la cancelación de actividades en universidades de Reino Unido y EE.UU; e incluso para la ilegalización de organizaciones, la prohibición de manifestaciones y de la exhibición de banderas palestinas en varios países de la UE. Una puesta en práctica de esta definición que vulnera el derecho a la libertad de expresión que ampara la crítica a la política genocida del Estado de Israel.

En nuestro país, por el momento, y gracias a la acción de los movimientos pro palestinos, no se han aplicado sanciones y actos de censura tan sangrantes. Sin embargo, esta definición lleva años siendo utilizada por el lobby sionista para acusar y tratar de incriminar activistas y organizaciones por criticar las políticas de Israel o señalar el colaboracionismo en España con su deriva genocida y la impunidad de sus crímenes de guerra.

En este sentido, varias organizaciones pro sionistas usan esta definición para basar gran parte de su actividad lobbista, su discurso público y su acción de incidencia jurídica. Ejemplo de ello son las elevadas multas a las que podrían llegar a enfrentarse los activistas que boicotearon la Vuelta Ciclista a España el pasado verano amparadas en la Ley del Deporte y la Ley Mordaza. Una aplicación de la definición de la IHRA que el propio Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Nacional, ha asumido como válida a la hora de registrar en sus informes oficiales la evolución de los delitos de odio antisemita. En estos informes, se ha extendido el uso de esta definición tergiversada,  mezclando de esta forma los casos de antisemitismo y de antisionismo en las cifras oficiales del Gobierno.

Por eso, desde Acción Contra el Odio exigimos que el Ejecutivo español rectifique y abandone esta definición al servicio de los intereses del sionismo de manera definitiva para adherirse a criterios que no validen esta confusión, tal y como ya han solicitado ante el Congreso de los Diputados partidos como Más Madrid a través del mecanismo de la PNL.

En este sentido, el escrito remitido por ACO al Gobierno de España propone la adopción de la Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA), impulsada en 2021 por más de 350 especialistas internacionales en estudios judíos, Holocausto, racismo y derechos humanos. Una propuesta mucho más garantista y abierta a la crítica legítima al Estado de Israel y sus políticas, que ampara la libertad de expresión para denunciar el sionismo genocida, el régimen de apartheid al que se somete al pueblo palestino en los territorios ocupados y el apoyo a acciones de protesta y campañas de boicot a Israel.

El objetivo de este cambio de criterio es claro: acabar con el comodín que durante los últimos seis años vienen utilizando las organizaciones sionistas con actividad en nuestro país para instrumentalizar la memoria del Holocausto para justificar los abusos imperialistas y colonialistas de Israel coartando la libertad de expresión.

No podemos seguir tolerando una inacción del Gobierno que apuntala una confusión estratégica que se traduce en complicidad con los métodos de propaganda del lobby israelí e instrumentaliza el Holocausto y el antisemitismo para justificar otro genocidio.

La defensa de los Derechos Humanos y la autodeterminación del pueblo palestino es una responsabilidad ineludible del gobierno español y el de los 26 países de la Unión Europea que a día de hoy apoyan la definición de la IHRA. Y el abandono de esta definición al servicio de un Estado criminal es una demanda de la sociedad civil de nuestro país que el Gobierno debe atender antes de que termine su mandato.

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