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Montaje con las fotografías de Quiles y Ndongo.
La Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado la retirada temporal de la acreditación de prensa de los agitadores ultra Vito Quiles y Bertrand Ndongo en aplicación del reglamento de la Cámara Baja, reformado el pasado mes de julio tras la petición presentada por Acción Contra el Odio (ACO).
Ambos activistas de ultraderecha serán expulsados por un período indefinido después de que el letrado del Congreso encargado de instruir las investigaciones derivadas de las primeras denuncias presentadas contra los agitadores haya determinado que los hechos relatados en ellas han quedado suficientemente demostrados. El informe presentado por el letrado ha señalado que las conductas de Quiles y Ndongo denunciadas son constitutivas de sendas sanciones “graves”, contempladas en el nuevo reglamento de la Cámara. Este tipo de falta está penada con la expulsión temporal aplicada.
Desde la aprobación definitiva de este cambio de reglamento el 22 de julio de 2025, a pesar del esperado rechazo de PP y Vox, han sido hasta doce las denuncias acumuladas por estos dos voceros ultras. Ocho de ellas han sido dirigidas contra Quiles, acreditado por el medio de Javier Negre EDA TV; mientras que las tres restantes han tenido a Ndongo, empleado del pseudomedio Periodista Digital, como protagonista. La última de ellas fue registrada hace apenas unos días por Sumar, después de que este último insultara a la portavoz de la formación, Aina Vidal, durante una rueda de prensa y la acosara de manera violenta en la puerta del hemiciclo.
Después de ser presentadas ante la Mesa del Congreso, estas denuncias deben ser validadas por la misma y trasladadas al Consejo Consultivo de Comunicación, un órgano creado tras la reforma del reglamento que cuenta con representación de grupos políticos, asociaciones de periodistas y funcionarios pertenecientes a la dirección de Comunicación de la Cámara. Posteriormente, es el letrado del Congreso designado para esta labor el que estudia el informe emitido por el Consejo y procede a la instrucción de la denuncia, antes de ser sometida a alegaciones por parte de los denunciados.
En el caso de Quiles, la retirada de la acreditación responde a la investigación iniciada a raíz de dos denuncias presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por realizar grabaciones al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente Pedro Sánchez sin permiso en dependencias del Congreso, lugar en el que el reglamento prohíbe expresamente este tipo de prácticas. Unas grabaciones que el agitador a sueldo de EDA TV publicó en sus redes sociales, a pesar de ir en contra de la nueva normativa.
La denuncia investigada contra Ndongo fue presentada por Sumar a finales del pasado año por obstaculizar y boicotear de manera violenta la rueda de prensa de Verónica Martínez, una de las portavoces de la formación progresista en el Parlamento. La interrupción del desarrollo de la labor de ponentes y periodistas durante una comparecencia de prensa en el Congreso también se encuentra recogida en el reglamento actualizado, tras la petición de ACO, como un comportamiento sancionable como falta “grave”.
El actual reglamento contempla que la acumulación de estas sanciones “graves” pueda acarrear el castigo con una falta “muy grave”, calificación que contempla la revocación definitiva de la credencial. Además, esta nueva normativa indica que, en caso de una retirada de acreditación como la que finalmente se ha producido, los medios de los agitadores sancionados pierden el derecho a sustituir a los comunicadores expulsados.
La reforma del reglamento que regula la presencia y desarrollo de la labor de los periodistas en la Cámara Baja fue aprobada el 22 de julio de 2025, después de que la asociación Acción Contra el Odio (ACO) presentase hasta en dos ocasiones una petición ante la Mesa del Congreso solicitando dicha modificación y exponiendo los motivos por los que se consideraba urgente la revisión de los criterios de acreditación. Una primera, formalizada en enero de este mismo año, y una reiteración que fue presentada el pasado mes de marzo y que fue respaldada por casi 70.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas.
Con estas dos peticiones, ACO se sumó a la que ya realizó en junio de 2024 la Asociación de Periodistas Parlamentarios a la Cámara, así como a las propias quejas formuladas por algunos partidos en la junta de portavoces de la Cámara. Quejas formales que se manifestaron públicamente a través de concentraciones como la que los periodistas parlamentarios protagonizaron en febrero de este mismo año ante las puertas del Congreso bajo el lema “señalar no es informar”, con el objetivo de denunciar la actividad de estos agitadores y defender el cumplimiento de una de las máximas de nuestra democracia: el derecho de la ciudadanía a la información veraz.
La actividad de estos agitadores de extrema derecha no va a terminar con esta retirada temporal de su acreditación. Su espacio natural es la calle, lugar donde principalmente desarrollan su matonismo mal disfrazado de “incomodidad periodística”, y donde seguirán acosando a políticos y periodistas de izquierdas e incitando al odio contra las minorías. Por eso es esencial que, desde la sociedad civil, el tejido asociativo y las instituciones públicas, continuemos luchando para combatir la impunidad con la que estos enemigos de la democracia han estado difundiendo bulos y desinformación financiados y dirigidos a nivel global con objetivos políticos.
Esta acción jurídica contra quienes tratan de sacar rédito electoral del odio solo es posible gracias al apoyo de todos y todas las que, con vuestra donación, apoyáis a la Fundación Contexto y Acción. Dona ahora entrando en este link.