El Congreso abre un expediente sancionador a Ndongo y tramita otro contra Vito Quiles por incumplir el reglamento reformado tras la petición de ACO

La Mesa del Congreso ha aprobado la apertura de un expediente sancionador al agitador de extrema derecha acreditado como periodista Bertrand Ndongo por boicotear una rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, impidiendo el trabajo de los compañeros y compañeras periodistas. Se trata de la primera denuncia de este tipo tramitada desde la reforma del reglamento de la Cámara Baja que se aprobó en verano a raíz de una solicitud de la asociación Acción Contra el Odio (ACO) apoyada por casi 70.000 firmas.

La denuncia, presentada por Sumar después de varios enfrentamientos del ultra con parlamentarios y periodistas, ha sido admitida con el voto en contra del PP por una mayoría de cinco votos. Y remitida posteriormente al Consejo Consultivo, el órgano creado a partir del cambio de reglamento que se encarga de redactar los informes pertinentes de cada denuncia. Una vez elaborado dicho informe, será de nuevo la Mesa la que tendrá la decisión final sobre la denuncia.

Además, este mismo órgano ha puesto en marcha el procedimiento de tramitación de una nueva denuncia contra otro de los habituales en este tipo de enfrentamientos y faltas de respeto a comunicadores y representantes parlamentarios: el agitador acreditado por EDA TV Vito Quiles. En este caso, el escrito presentado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) denuncia al activista ultra por grabar con su móvil y sin autorización al presidente del Gobierno en el interior de las Cortes, un comportamiento explícitamente contemplado como sancionable en la reforma del reglamento.

El hecho que ha desencadenado esta primera denuncia de Sumar apelando al artículo 98.6 del reglamento de la Cámara, incluido tras la reforma del mes de julio y que tipifica como infracción grave “obstruir o interrumpir el orden en ruedas de prensa”, tuvo lugar el pasado 25 de noviembre en la sala de ruedas de prensa del Congreso. Durante la comparecencia ante los medios de Barbero, el activista ultra acreditado por el pseudomedio Periodista Digital tomó la palabra sin permiso interrumpiendo a la periodista que en ese momento tenía el turno de palabra. El agitador trató de manera reiterada de hacer preguntas a la portavoz de Sumar sin haber sido autorizado para ello y con una actitud desafiante y agresiva, con el objetivo de imposibilitar el trabajo del resto de periodistas parlamentarios que asistían a la comparecencia.

Este comportamiento de Ndongo no es nuevo. El pasado mes de mayo, el agitador de extrema derecha protagonizó un episodio similar, impidiendo el desarrollo normal de una rueda de prensa, también de una portavoz de Sumar, y provocando que los periodistas que trataban de hacer su trabajo abandonaran la sala. Este suceso fue el desencadenante del comunicado emitido días después por la APP condenando la normalización de comportamientos como el de Ndongo. Así como de la presentación de una nueva solicitud por parte de ACO ante la Mesa del Congreso exigiendo la modificación del reglamento de la Cámara, que se materializó el pasado mes de julio tras una votación con 177 a favor y la oposición de PP y Vox.

Tras esta reforma, el reglamento contempla tres categorías de infracciones: leves, graves y muy graves. Cada una de ellas implica diferentes sanciones, que abarcan desde la suspensión de la acreditación durante un período de diez días hasta la revocación definitiva de la misma. En este caso, Sumar reclama la categorización de este comportamiento como infracción “grave”. Una calificación que, en el supuesto de considerarse una actitud reincidente al sumarse al enfrentamiento protagonizado en mayo por el ultra, podría conllevar la expulsión del Ndongo del Congreso.

Desde ACO celebramos este nuevo paso para expulsar a quienes, en nombre de la libertad de prensa, amedrentan a compañeros y compañeras y utilizan la sede de la soberanía popular como escenario para la difusión de bulos y discursos antidemocráticos. Sin embargo, seguimos insistiendo en que la actividad de estos agitadores ultra no termina con su expulsión de la cámara. Su espacio natural es la calle, donde siguen y seguirán acosando a políticos y periodistas con su matonismo disfrazado de “incomodidad periodística”.

Por eso, es esencial que, desde la sociedad civil, el tejido asociativo y las instituciones públicas, continuemos luchando por recortar la impunidad total con la que estos ultras han estado difundiendo bulos y desinformación financiados y dirigidos a nivel global con objetivos políticos. Medidas como la apertura de este expediente son necesarias, pero no suficientes para acabar con los ataques a la democracia de estos agitadores a sueldo de panfletos ultra subvencionados con dinero público.

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