La Fiscalía lleva ante los tribunales a Dani Desokupa por delito de odio tras la denuncia de ACO

La Fiscalía Provincial especializada en delitos de odio y discriminación de Valencia ha interpuesto una denuncia contra Daniel Esteve, dueño de la empresa Desokupa, ante los Juzgados de Instrucción a raíz del proceso judicial emprendido por Acción Contra el Odio. Esta decisión llega después de la práctica de diligencias de investigación llevada a cabo por la Fiscalía como consecuencia de la denuncia interpuesta desde la asociación el pasado mes de febrero por la difusión de mensajes que incitaban al odio, la discriminación y la violencia contra la población migrante. Una denuncia que fue respaldada por más de 22.000 personas en una campaña de recogida de firmas aún activa.

La investigación de la Fiscalía ha identificado varias expresiones vejatorias por parte del titular de la cuenta en la red social X @daniesdsk, detrás de la que se ha identificado al denunciado Daniel Esteve Martínez, orientadas a incitar al odio contra el colectivo de personas migrantes. Tras las diligencias practicadas, La Fiscalía considera que los mensajes de corte racista y xenófobo difundidos por Esteve son “claramente discriminatorios y difunden noticias falsas”, en la mayoría de los casos, vinculando delincuencia e inmigración.

Según el escrito remitido a ACO, la Fiscalía considera que los hechos denunciados son “indiciarios de un presunto delito con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, así como de un delito contra la integridad moral”. El delito de incitación al odio, en el cual podría haber incurrido el influencer de extrema derecha, está recogido en el art.510 del Código Penal y establece penas de prisión de entre uno y cuatro años.

La Fiscalía ha pedido además que la Brigada de información de la Policía Nacional lleve a cabo el “test de lesividad” contemplado en el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional y racial, aprobado por Naciones Unidas. En este sentido, se solicita que se investigue la naturaleza y la fuerza del lenguaje utilizado y si es frecuente que sea degradante, ofensivo o violento. También se comprobará si el autor de estos mensajes ha creado o está vinculado a grupos o comunidades dedicadas a la promoción del odio y la discriminación contra un colectivo en particular.

El equipo jurídico de ACO ha celebrado la decisión de la Fiscalía de judicializar este caso, poniendo de relevancia la necesidad de que “los Tribunales persigan los discursos de odio de aquellos perfiles públicos que tienen mayor repercusión pública y capacidad de incidencia, y no únicamente a los perfiles anónimos poco influyentes”. Desde la asociación se recalca de nuevo la urgencia de generar una jurisprudencia que “condene la hostilidad y la discriminación hacia la población migrante y no reserve únicamente las condenas a los llamamientos explícitos a la violencia”; ya que en caso contrario, consideran, “la Justicia estará llegando tarde”.

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