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ACO

Acción Contra el Odio se ha personado como acusación popular contra la asociación de ‘Víctimas de la Inmigración Ilegal’ y su presidente ante el Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena por un posible delito de incitación al odio en la “publicación, difusión y facilitación de acceso a contenido xenófobo y discriminatorio”, fundamentalmente dirigido contra las personas migrantes.
Con esta personación, ACO apoya en su condición de asociación orientada a la defensa de la igualdad de trato, la no discriminación y la lucha contra los discursos de odio el proceso judicial abierto tras la denuncia presentada por el Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) ante la Sección de Ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid. Una denuncia que fue remitida posteriormente a la Fiscalía de Cartagena para la apertura de una investigación sobre dicho contenido.
En la denuncia de CEDRE se documenta la dedicación exclusiva de esta asociación a la distribución a través de sus perfiles en diferentes redes sociales de contenido de carácter racista y xenófobo orientado a la discriminación y estigmatización de colectivos vulnerables a través de informaciones falsas. El proceso judicial que Acción Contra el Odio apoyará a través de esta personación como acusación popular tiene como objeto investigar en particular el “rechazo frontal a la presencia de extranjeros en España, especialmente si son magrebíes y/o musulmanes o latinoamericanos” manifestado en las comunicaciones difundidas por las cuentas en redes de esta asociación xenófoba.
Algunos de los mensajes identificados por la Policía Judicial hacen referencia directa a una “invasión de los moros”, a los cuales califica como “pobres delincuentes” y una amenaza a “nuestra supervivencia”. Estos contenidos apelan además a la necesidad de una supuesta “defensa” ante los migrantes, a través de consignas abiertamente incitadoras al odio y la violencia como Faltan hostias, ¡¡sobran pagas!! o El que no se defienda morirá o será esclavizado.
Según apunta el equipo jurídico de ACO, la publicación de este contenido genera entre la población de manera intencionada “sentimientos de odio, rechazo, miedo, fobia y aborrecimiento” contra las personas migrantes, promoviendo de esta forma “actos delictivos y que se cometan delitos de odio” en contra de este colectivo. “Es necesario obtener una jurisprudencia eficaz contra la proliferación de los discursos de odio que disuada a los incitadores y evite estallidos de violencia contra la población migrante y otros grupos vulnerables”, concluye el comunicado con el que la asociación ha argumentado su personación como acusación popular.