Carta al Gobierno de España: Protección de españoles a bordo de la Flotilla Global Sumud

Estimado Sr Ministro:

Nos dirigimos a Usted para expresar nuestra profunda preocupación por la seguridad de la persona con pasaporte español referenciada en el cuerpo del mensaje que se les ha remitido y que participa en la Flotilla Global Sumud, una misión internacional civil, pacífica y humanitaria cuyo objetivo es transportar ayuda esencial a la población de Gaza y exigir el fin del bloqueo impuesto por Israel desde 2007.

La misión se encuentra amparada por el Derecho Internacional Humanitario y del Derecho del Mar.

Israel mantiene desde 2007 un bloqueo integral por tierra, mar y aire sobre la Franja de Gaza, que ha sido calificado como ilegal por órganos y expertos de Naciones Unidas, así como en pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, al constituir un castigo colectivo prohibido (art. 33 del IV Convenio de Ginebra) y al implicar la hambruna como método de guerra, prohibida por el art. 54 del Protocolo I adicional y el art. 8(2)(b)(xxv) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Los voluntarios y voluntarias de la Flotilla son civiles protegidos (art. 4 del IV Convenio de Ginebra), ejercen la libertad de navegación reconocida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (arts. 87, 88 y 301), el derecho de paso inocente y el derecho humanitario al acceso a la ayuda esencial, protegido por los arts. 23 y 55 del IV Convenio de Ginebra y el art. 70 de su Protocolo I.

Diversos expertos y órganos de Naciones Unidas han señalado que las acciones contra la población de Gaza cumplen con los elementos constitutivos del delito de genocidio conforme a la Convención de 1948. Además, la Corte Penal Internacional mantiene abierto un procedimiento sobre la situación en Palestina que abarca la investigación de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

En consecuencia, impedir o atacar esta misión civil y pacífica no solo sería ilegal, sino que comprometería la responsabilidad internacional de quienes lo hagan y de los Estados que no protejan a sus nacionales, incumpliendo además la obligación internacional de prevenir el genocidio establecida en la Convención de 1948.

De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963), la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, existe obligación por parte del Estado español de proteger a sus nacionales en el extranjero.

Queremos dejar constancia del peligro existente. En el día 23 de septiembre de 2025 Israel ha actuado contra numerosas embarcaciones, concretamente ha lanzado drones con detonaciones en el aire y expulsión de sulfuro de hidrógeno sobre la cubierta, que es altamente corrosivo e inflamable con el correspondiente riesgo para la vida y la integridad física de la tripulación a bordo de los barcos. El sulfuro de hidrógeno se considera un arma química según la definición que la Convención sobre Armas Químicas (1993), estando su uso como arma de guerra prohibido tanto por el Protocolo de Ginebra (1925), que prohibió el uso de gases asfixiantes/venenosos en conflictos internacionales, como por la propia Convención, que prohíbe desarrollar, producir, almacenar y utilizar armas químicas en cualquier circunstancia. La Carta de la ONU prohíbe todo uso de la fuerza contra objetivos civiles. Atacar barcos civiles en alta mar, sin mandato del Consejo de Seguridad ni causa de legítima defensa, constituye una violación grave del Derecho Internacional.

Por ello, y a pesar de la decisión tomada ayer por el presidente del Gobierno de enviar un buque militar de soporte, le instamos a:

1. Adoptar todas las medidas diplomáticas y consulares necesarias para garantizar la seguridad de las personas con nacionalidad española embarcadas en la Flotilla Global Sumud.
2. Ordenar de inmediato medidas de protección efectiva y material con seguimiento activo de las embarcaciones de la Flotilla bajo pabellón español (por parte de la Marina Mercante, salvamento marítimo, buque hospital u otros, como por ejemplo ha anunciado ya Italia para garantizar la seguridad de sus ciudadanos a bordo de la Flotilla).
3. Condenar públicamente estos ataques ilegales que se han producido a civiles protegidos con armas de guerra prohibidas.

• Prevenir cualquier forma de violencia, detención arbitraria o trato inhumano en caso de interceptación por fuerzas israelíes, asegurando el acceso inmediato a representación consular y asistencia letrada.
• Recordar a las autoridades israelíes que cualquier agresión contra embarcaciones civiles que transportan ayuda humanitaria constituye una violación del Derecho Internacional y genera responsabilidad internacional del Estado.
• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el genocidio, en virtud de la Convención de 1948, garantizando que España no sea cómplice por omisión o inacción frente a un riesgo real y previsible para sus nacionales y para la población civil palestina.

El Estado español ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso de proteger a sus ciudadanos en el extranjero, ya sea mediante operaciones de evacuación en situaciones de conflicto armado (Afganistán 2021, Sudán 2023, Líbano en 2006 y 2023), repatriaciones masivas durante la pandemia de COVID-19, o intervenciones consulares en casos de detención o secuestro de nacionales. Esa misma responsabilidad debe activarse ahora ante los riesgos evidentes que enfrentan los ciudadanos españoles participantes en la Flotilla Global Sumud.

En consecuencia, solicitamos que el Ministerio haga público su compromiso de proteger activamente a los españoles que participan en la Flotilla, y que se adopten medidas preventivas urgentes ante los riesgos documentados de ataques e interceptaciones.

Agradeciendo de antemano su atención y esperando una respuesta pronta, reciba un cordial saludo.