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ACO inicia una campaña ante la retirada de la asignación semanal a los menores migrantes en acogida en Aragón

La medida, que no será aplicada a los menores españoles no tutelados, incumple las obligaciones del Gobierno aragonés del PP y Vox en materia de acogida

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El vicepresidente Nolasco durante el anuncio de la medida/ Gobierno de Aragón

La asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha iniciado una campaña de recogida de firmas ante la retirada discriminatoria por parte del Gobierno de Aragón de la asignación monetaria semanal de 17€  a los menores migrantes no acompañados acogidos en centros de protección de esta comunidad.

Esta restricción, que solo afectará a los menores extranjeros, excluyendo de la misma a jóvenes no tutelados de nacionalidad española, ha sido ordenada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, al frente de la que se encuentra el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco (Vox).

El propio Nolasco, consejero gracias al pacto de Gobierno alcanzado entre Vox y el PP de Aragón con el presidente Jorge Azcón como artífice, ha sido el encargado de anunciar por parte del Ejecutivo esta decisión tomada “fruto de auditorías internas de gastos que han detectado un coste anual de 180.000 euros” en este concepto. Un gasto que el Estado Español, y en concreto las comunidades autónomas como estamento responsable de esas competencias, están obligadas cubrir, a pesar de que el líder de Vox en Aragón lo haya considerado superfluo y calificado de “propina”. “Esos 180.000 euros de gasto anual que se usaban como ‘propinas’ equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias”, ha argumentado Nolasco.

Desde ACO, exigimos que se cumpla la obligación del Estado Español y las Comunidades Autónomas en la ejecución de todos los requisitos de acogida de menores migrantes sin referentes familiares que soliciten protección internacional recogidos en la Directiva Europea 2024/1346; y que se respete la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, que garantiza el disfrute pleno de los derechos conferidos en dicha Directiva.

Además, denunciamos la palmaria discriminación que supone la eliminación de esta asignación de manera exclusiva a los menores en acogida de origen extranjero, y no así a los nacidos en territorio español. Una decisión que, además de incurrir en el incumplimiento de las obligaciones de acogida, supone una medida abiertamente xenófoba y que segrega a los beneficiarios de esta ayuda en función de su origen y lugar de nacimiento.

No podemos permanecer en silencio ante el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón de los acuerdos firmados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en materia de gestión de acogida. Dichos acuerdos recogen el “deber de cubrir la protección y el bienestar integral de los menores”, así como la proporción de “un entorno seguro, estable y afectivo” y la prestación de “apoyo económico”. En concreto, se establece que “para aquellas personas jóvenes que carezcan de ingresos económicos, se proporcionará una ayuda que garantizará cubrir sus gastos personales”.